Gobierno y Poder Judicial institucionalizan Tribunales de Tratamiento de Drogas como política pública
La institucionalización de este programa es uno de los compromisos asumidos por el Presidente Sebastián Piñera en materia de rehabilitación del consumo de drogas y alcohol.
Un convenio suscrito este jueves por representantes de diferentes organismos de los poderes Ejecutivos y Judicial, además de representantes del sector privado, permitirá institucionalizar como una política pública los Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTD).
El acuerdo fue suscrito por el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, Sabas Chahuán, el Defensor Penal Público, Georgy Schubert, y la directora del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), Francisca Florenzano.
También firmaron el documento representantes del Servicio Nacional de Menores (Sename), Gendarmería y de la Fundación Paz Ciudadana.
La institucionalización de este programa es uno de los compromisos asumidos por el Presidente Sebastián Piñera en materia de rehabilitación del consumo de drogas y alcohol.
Los TTD se implementan actualmente en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso y Metropolitana (zonas centro norte, sur, oriente y occidente), y a partir de este año se extenderán a las de O’Higgins y Maule.
La participación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública en este programa se concreta a través de SENDA, que financia los planes de tratamiento que permiten la rehabilitación de las personas que se ven beneficiados por estos tribunales.
En qué consiste
Los proyectos de Tribunales de Tratamiento de Drogas para infractores bajo supervisión judicial se realizan en el marco de la salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento, contemplada en el Código Penal.
Esta modalidad está dirigida a imputados primerizos cuyos delitos sean de carácter no grave (pena menor de tres años) y que sean evaluados como consumidores problemáticos de drogas, quienes pueden acceder voluntariamente a intervención terapéutica, evitando con ello la reincidencia en el consumo y delitos.
SENDA, mediante equipos especializados (sicólogo, asistente social y médico) asegura la oportunidad del ingreso a rehabilitación del imputado, colaborando con ello en prevenir la reincidencia en el delito.
El tratamiento es supervisado judicialmente a través de audiencias de seguimiento de tratamiento, hasta que son alcanzados los objetivos terapéuticos, cuando la persona es sobreseído.
Este modelo ha sido aplicado en diversos sistemas de justicia (EEUU, Canadá, Australia, Brasil y Noruega) y ha demostrado ser más efectivo en reducir el abuso de sustancias y la reincidencia criminal que la privación de libertad y otras iniciativas de tratamiento sin supervisión.
Participan de la implementación de este modelo, desde junio de 2006, las instituciones involucradas en el proceso penal, tratamiento y rehabilitación: CONACE- hoy SENDA-, el Ministerio de Justicia, Ministerio de Salud, la Defensoría Penal Pública, Ministerio Público, Poder Judicial y la Fundación Paz Ciudadana.