Las cuentas públicas participativas son mecanismos institucionales de rendición de cuentas que promueven la evaluación ciudadana de los procesos de gestión pública. A través del diálogo abierto entre el Estado y la sociedad civil, esta actividad garantiza espacios de intercambio, transparencia y retroalimentación, contribuyendo a la profundización democrática del vínculo entre instituciones y comunidades.

Su implementación fortalece la legitimidad de las políticas públicas, fomenta la corresponsabilidad social y permite incorporar perspectivas territoriales, culturales y sectoriales en la toma de decisiones.

Su objetivo general es producir un espacio de diálogo abierto entre la autoridad pública, los representantes de la sociedad civil y la ciudadanía en general, que permite a la autoridad rendir cuenta anual de la gestión de políticas públicas, a los ciudadanos/as quienes ejercen el control social sobre la administración pública.

Esta actividad pública que se realiza anualmente entre los órganos de la Administración del Estado y la ciudadanía, con el propósito de informar sobre la gestión institucional del año anterior, la cual se encuentra acogida en la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y la Ley N° 20.500, sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública.